El mandatario aseguró que existe una “alianza criminal” entre la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana.
A través de una cadena nacional emitida el pasado domingo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, lanzó serias acusaciones que dejaron perplejos tanto al país como a la comunidad internacional. En su vehemente discurso, Arévalo denunció un presunto intento de golpe de Estado, el cual, según sus palabras, está siendo orquestado por «una alianza criminal». Los protagonistas de esta conspiración, señala el mandatario, son la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana, figuras clave en su relato de corrupción y autoritarismo.
El frente que ha surgido de esta denuncia gira en torno a una serie de acciones judiciales que tanto Porras como Orellana estarían utilizando como herramientas de presión sobre el sistema electoral guatemalteco. Según expuso Arévalo, el juez Orellana estaría manejando la ley a discreción, subordinando sus acciones a los intereses que representa, con el fin de perturbar la democracia y forzar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a modificar resultados legítimamente obtenidos en las elecciones de 2023.
El alcance de estas denuncias no se circunscribe únicamente a cuestiones electorales. Arévalo afirmó que el accionar de estos funcionarios ha convertido el ámbito judicial en un terreno fértil para el miedo y la desconfianza. «Este macabro procedimiento», como lo calificó el presidente, ha conducido al encarcelamiento de diversas personalidades -entre ellas, autoridades indígenas, abogados y periodistas-, quienes son reconocidos defensores de la democracia en Guatemala.
Arévalo no dudó en describir los objetivos finales de este complot, subrayando que buscan «perpetuar la impunidad» de aquellos que roban y desfalcan al país, tales como narcotraficantes y otros asociados corruptos. Sin embargo, las preocupaciones del mandatario no se limitan al presente ni al ámbito interno. La intervención tiene también una visión prospectiva: uno de los temores es que estas maquinaciones puedan influir sobre las venideras elecciones de 2026 y 2027.
Con firmeza y claridad, el presidente no solo dejó en evidencia sus denuncias, sino que también enumeró las acciones a seguir para enfrentarlas. Anunció una convocatoria al Consejo Permanente de la OEA, un movimiento diseñado para llevar la preocupación de la nación guatemalteca al ámbito hemisférico. Asimismo, Arévalo hizo un enérgico llamado a las autoridades judiciales nacionales, solicitando la destitución inmediata del juez Orellana y la protección irrevocable de los resultados electorales de 2023 por parte de la Corte de Constitucionalidad.
Este periodo crítico, tal como señaló Arévalo, es más que una cuestión de dirigentes o políticas. Llamó a una unidad nacional y a superar divisiones con la consigna de que «lo que está en juego no es un gobierno ni un partido, sino el cimiento de la democracia y el respeto a la voluntad del pueblo».