El Tribunal Superior de Justicia avaló subas salariales de hasta el 42% acumulado hasta octubre de 2026. El gobierno provincial y ATE repudiaron la medida y pidieron frenar los fondos. La decisión fue firmada a horas de la feria judicial y profundiza la tensión institucional.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz aprobó un esquema de aumentos salariales escalonados para el Poder Judicial provincial que implicará subas acumuladas de entre el 38% y el 42% hasta octubre de 2026. Según estimaciones oficiales y sindicales, la medida llevará los ingresos mensuales de algunos magistrados a más de 20 millones de pesos, e incluso hasta 24 millones, de acuerdo con la antigüedad en el cargo.
La resolución fue firmada el 30 de diciembre de 2025, a pocas horas del inicio de la feria judicial, y generó un fuerte rechazo del Gobierno provincial y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamaron que el aumento no se aplique y que no se ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiarlo.
Cuánto pasarán a cobrar los jueces
De acuerdo con los cálculos oficiales, los salarios de los vocales del TSJ pasarán de entre $11 y $16 millones en diciembre de 2025 a valores que oscilarán entre $17 y casi $24 millones en octubre de 2026. El incremento acumulado por magistrado podría alcanzar hasta 7 millones de pesos mensuales.
Quiénes firmaron la resolución
La medida lleva la firma de Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. No fue avalada por el quinto integrante del tribunal, Daniel Mariani, ni contó con la participación de los cuatro nuevos vocales designados por el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial.
La exclusión se da en un contexto de fuerte conflicto institucional: el 18 de diciembre, los mismos jueces que firmaron el aumento declararon inconstitucional la ley que amplió el TSJ de cinco a nueve miembros, decisión que ahora debe ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, durante meses se negaron a pagar los sueldos de los magistrados designados a propuesta del gobernador Claudio Vidal.
Los fundamentos del aumento
En la resolución, el TSJ justificó el incremento en criterios de “equidad” y “razonabilidad”, y sostuvo que los salarios judiciales no pueden alejarse de manera “grosera” de los que perciben magistrados de otras provincias y del orden federal.
Para respaldar la decisión, citó fallos de la Corte Suprema vinculados a la intangibilidad salarial y a la independencia del Poder Judicial, y afirmó que el esquema está contemplado en el anteproyecto del Presupuesto General 2026 elaborado por el propio Poder Judicial.
El duro rechazo de ATE
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz) repudió lo que calificó como un “salariazo auto otorgado” por la cúpula judicial y advirtió que el esquema implica subas cercanas al 50% anual, llevando los haberes a más de $21 millones mensuales.
“No se trata de una decisión del Ejecutivo ni de una negociación colectiva: los jueces se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social de la provincia”, sostuvo el gremio en un comunicado.
ATE también cuestionó que los magistrados no tributen Impuesto a las Ganancias y denunció la existencia de “una justicia enquistada, que no rinde cuentas a nadie y que se asegura aumentos superiores al 50% anual”.
Pedido para frenar los fondos
El sindicato exigió al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo provincial que no autoricen ni ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiar los aumentos.
“Los recursos públicos deben tener una prioridad clara: recomponer los salarios de los trabajadores estatales, garantizar servicios públicos de calidad y atender las urgencias sociales”, señaló ATE, que reclamó poner fin a lo que definió como una “justicia corporativa y elitista”.
La polémica por los sueldos millonarios en el Poder Judicial suma así un nuevo capítulo al enfrentamiento entre los poderes del Estado en Santa Cruz, en un escenario de alta tensión política e institucional, con la ampliación del TSJ aún pendiente de definición en la Corte Suprema.