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El gobierno italiano bajo la liderazgo de Giorgia Meloni, primera ministra del país, está promoviendo una controvertida iniciativa para combatir el aborto mediante la entrega de subsidios económicos a mujeres de bajos ingresos que consideren interrumpir sus embarazos.

El proyecto de ley, presentado por el partido de gobierno Forza Italia, establecerá un pago mensual de mil euros durante cinco años a aquellas mujeres que decidan dar a luz en lugar de recurrir al aborto por dificultades económicas.

Para acceder a este beneficio, las mujeres deberán contar con un ingreso anual inferior a 15.000 euros y ser ciudadanas italianas, excluyendo así a mujeres inmigrantes. Asimismo, se espera que los centros de asesoramiento y las instituciones sanitarias brinden apoyo a las mujeres en la búsqueda de soluciones a sus problemas económicos o sociales que las lleven a considerar la interrupción del embarazo, con el objetivo principal de mejorar sus condiciones económicas para así poder criar a sus hijos.

 

 

La financiación de este programa provendrá de los ahorros generados al eliminar la «renta ciudadana», un subsidio al desempleo, para aquellos ciudadanos que tienen acceso al mercado laboral, manteniéndose únicamente para aquellos que se encuentran excluidos del mismo.

A pesar de las intenciones declaradas, la medida ha generado críticas por parte de la oposición, que la considera propagandista y como un intento de coartar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

 

 

Dicha oposición ya ha mostrado su descontento previamente, especialmente cuando se permitió a grupos provida oponerse a la interrupción voluntaria de embarazos en instituciones médicas que realizan dichas prácticas. Sin embargo, el gobierno italiano busca reducir los 60.000 abortos anuales que tienen lugar en el país con esta controversial medida que busca intervenir en la decisión de las mujeres respecto a su maternidad.