Unos 40.000 trabajadores deberán rendir pruebas para mantener sus contratos. La medida busca mayor eficiencia en la administración pública.
La próxima semana, el Gobierno nacional dará inicio al proceso de evaluación de idoneidad para empleados públicos, en una primera etapa que abarcará a 40.000 trabajadores de planta transitoria, contratados y monotributistas.
Según fuentes oficiales, el examen no será un filtro, sino un requisito obligatorio para mantener sus contratos, muchos de los cuales vencen a fin de año.
Las pruebas incluirán evaluación de razonamiento lógico, comprensión lectora y conocimientos específicos sobre administración pública, como la Constitución Nacional y la Ley de Ética Pública, para profesionales. Cada empleado deberá rendir en una computadora, respondiendo entre 20 y 24 preguntas en una hora.
Cómo será el proceso
Los trabajadores deberán solicitar un turno a través de una página web que será habilitada esta semana. Una vez asignado, rendirán en un establecimiento designado, donde recibirán su puntuación al finalizar. Los resultados serán confidenciales y no se utilizarán para rankings.
Quienes no aprueben en el primer intento podrán rendir hasta tres veces. Además, se estudia la posibilidad de extender los contratos de aquellos que no aprueben inicialmente, para permitirles nuevas oportunidades.
Hacia un Estado más eficiente
La medida forma parte de un plan de reformas estatales impulsado por el Gobierno, que ya redujo en más de 30.000 los puestos de la administración pública desde diciembre pasado. Según las autoridades, el objetivo es optimizar recursos y servicios en áreas como educación, salud y seguridad.
Entre los ajustes realizados:
- Reducción de 18 a 8 ministerios.
- Cierre de más de 250 áreas del Estado.
- Reducción del personal en empresas públicas, como el Correo Argentino, que pasó de 17.000 a 12.000 empleados.
El sistema de evaluación también se aplicará a nuevos aspirantes al empleo público, quienes deberán aprobar estas pruebas junto con la presentación de un certificado de antecedentes penales.
Perspectivas y críticas
Mientras el Gobierno asegura que la medida busca un Estado más eficiente, sectores sindicales como ATE han expresado su rechazo, calificando la iniciativa como un intento de precarización laboral que podría derivar en despidos masivos.