En menos de un año, el Gobierno del presidente Donald Trump ha revocado las visas de más de 100.000 personas.
En un movimiento que ha suscitado sorpresa y alarma en el ámbito internacional, Estados Unidos ha anunciado la suspensión de la expedición de visados para ciudadanos de 75 países, incluyendo Brasil, Irán y Rusia. Esta medida se inscribe dentro de los intentos del gobierno estadounidense por reforzar sus políticas migratorias y garantizar que los solicitantes no se conviertan en una carga pública una vez en el país norteamericano.
De acuerdo con la cadena de noticias Fox News, esta decisión radical tiene como objetivo principal perfilar más rigurosamente a los solicitantes de visado bajo la legislación vigente. Un portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, explicó que esta determinación permitirá una reevaluación extensa y detallada de los procedimientos de frecuencia y la verificación actualmente en lugar. «Nos estamos asegurando de que cualquier posible inmigrante no se convierta en una carga pública, aprovechándose del generoso sistema de beneficios sociales de nuestro país», afirmó Piggott.
El inicio del mandato de estas suspensiones está previsto para el 21 de enero, con una duración indefinida hasta que el Departamento de Estado finalice su reevaluación en curso sobre el procesamiento de visados. Entre los países en los cuales se implementará esta suspensión, se encuentran naciones que presentan dinámicas sociales diversas como Somalia, Egipto, Afganistán e incluso Yemen, además de naciones económicamente emergentes como Nigeria y Tailandia.
Además, en noviembre pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, implementó restricciones adicionales diseñadas para denegar visados a aquellas personas que padezcan enfermedades crónicas como la obesidad, el cáncer o la diabetes, justificando que tales condiciones de salud podrían representar eventuales cargas financieras significativas para los recursos públicos del país.
Desde el inicio del actual gobierno del presidente Donald Trump, se estima que más de 100.000 visas han sido revocadas, lo que refleja un endurecimiento notable en la política migratoria estadounidense. Este contexto plantea nuevos debates sobre las implicaciones de dichas políticas tanto en el ámbito internacional como dentro de las fronteras estadounidenses, generando preocupaciones sobre la interpretación de «carga pública» y la justicia en el acceso a oportunidades de inmigración.